Acusan de presunta corrupción a la inspectora de Policía de Gaira
Una denuncia penal detalla prácticas de corrupción, prevaricato, falsedad en documento privado y fraude procesal, poniendo en tela de juicio la integridad de procesos administrativos.
El abogado Rafael Tobías Pitre Redondo, representando al denunciante, ha presentado una denuncia penal contra la inspectora de policía de Gaira, Ceñira Bolaño Mier. Los hechos denunciados incluyen la adquisición fraudulenta de un bien inmueble por parte de terceros, suplantando a la legítima propietaria, y acciones que ponen en duda la legalidad de procedimientos llevados a cabo por la Inspección de Policía. La denuncia subraya el presunto abuso de poder y la falsificación de documentos, lo que indica un posible caso de corrupción que afecta la gobernabilidad y la justicia en la región.
Según la denuncia, estos actos implicarían la manipulación y tergiversación de documentos oficiales, así como decisiones administrativas que desafían la legalidad y la ética. Específicamente, se señala que la inspectora habría participado en la facilitación de una adquisición fraudulenta de un bien inmueble, actuando en contravención de los derechos legítimos de la propietaria original.
El caso pone de manifiesto no solo una grave violación de la ley, sino también un preocupante patrón de conducta en el que se compromete la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. La denuncia sostiene que tales prácticas no solo infringen los estatutos legales, sino que también erosionan la fe de los ciudadanos en sus líderes y sistemas administrativos.
La comunidad de Santa Marta espera ahora una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes para asegurar que se haga justicia y se restablezca la integridad de sus instituciones. Este caso resalta la importancia de la vigilancia constante contra la corrupción y la necesidad de mecanismos efectivos para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Es de anotar que la Fiscalía General de la República y la Policía Judicial tienen una investigación al respecto por presuntamente existir en Santa Marta un cártel de los robatierras donde presuntamente hay miembros de instituciones y delincuentes trabajando para este fin.
